En un plazo de 15 días deberán abandonar el país 12 ciudadanos de origen libanés con empresas en Zona Franca, luego que la Gobernación Provincial, a través de su departamento de extranjería, rechazó las solicitudes de residencia.

Las causales esgrimidas estiman que su permanencia no resulta útil ni conveniente para Chile. Además, que se les vinculó presuntamente con la organización terrorista internacional Al Qaeda.

El abogado Ricardo de la Barra sostuvo que los empresarios llevan más de tres años operando en el sistema franco y su salida del país incidirá en el cierre de las empresas y el despido de más de 250 trabajadores directos, además de afectar una serie de fuentes laborales indirectas que trabajan diariamente con ellos.

"En un momento donde los indicadores de desempleo en Iquique marcan una tendencia a la baja, la medida incrementaría la cesantía para el próximo mes o bien para cuando se lleve a efecto la medida de expulsión del país", dijo de la Barra.

DESARRAIGO

Señaló que las razones esgrimidas para negar las visas temporales a los empresarios libaneses, no tienen una explicación lógica, porque son generadores de empleo y han cumplido a cabalidad con la legislación laboral, tributaria y previsional. Además, cuentan con hijos nacidos en Iquique y otros estudiando en colegios locales, adaptándose a la forma de vida, por lo que sufrirán un fuerte desarraigo por el hecho de abandonar perentoriamente su hábitat. "La mayoría de los estudiantes incluso dejó de escribir y leer en la lengua paterna y manejan el uso correcto del idioma nuestro", precisó el profesional.

APELACIÓN

El abogado iquiqueño señaló que los afectados al ser notificados de las resoluciones, que les dio cuenta del rechazo de las residencias solicitadas y ordenó el abandono perentorio del país en un plazo máximo de 15 días, se vieron obligados a recurrir de reconsideración ante el ministerio del Interior, "toda vez que las causales esgrimidas no se ajustaban a derecho y carecían de antecedentes fundantes, porque la Gobernación Provincial estimó que su permanencia no resultaba útil ni conveniente para el país".

De la Barra manifestó que en la reconsideración presentada se acompañaron los documentos fundantes que demuestran la utilidad y conveniencia laboral y económica para la ciudad, "ya que sus negocios mueven grandes cantidades de dinero y generan una considerable mano de obra nacional".

Actualmente se espera la resolución del ministerio del Interior respecto a la medida adoptada por la Gobernación Provincial. "Esperamos que sea acogido nuestro recurso o de lo contrario estaríamos en presencia de una abierta discriminación social y religiosa, a lo cual los chilenos no estamos acostumbrados y por lo demás rechazamos. Nos caracterizamos por acoger a los extranjeros, especialmente a los que trabajan positivamente en el desarrollo económico nacional", indicó.

Recursos jurídicos

Ricardo de la Barra manifestó que la única explicación que extraoficialmente les fue dada por funcionarios de extranjería, es la existencia de una denuncia donde se les vinculó presuntamente con la red terrorista Al Qaeda. "A raíz de ello se abrió un proceso en Santiago donde el Ministro Visitador se declaró incompetente y se radicó la causa en Iquique, donde se designó como ministro sustanciador a Jaime Chamorro, quien después de múltiples diligencias e indagatorias judiciales, entre ellas incautación de libros contables, cuentas corrientes y negocios bancarios en Chile y el extranjero determinó sobreseer la causa con fecha 12 de noviembre del 2003". Como prueba, el abogado mostró el escrito de la Corte de Apelaciones que sobresee temporalmente esa causa, hasta que se presenten nuevos y mejores antecedentes que permitan proseguir con la investigación, dictada por el Ministro en Visita Extraordinario Subrogante del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Hernán Sánchez Marré.

Además, señaló que sus clientes fueron investigados por policías nacionales y extranjeros, incluso vino una comisión especial de la Policía de Investigaciones y de la CIA de Estados Unidos, "quienes determinaron extraoficialmente que no participan ni han participado en movimientos políticos alguno y que la denuncia provino de grupos de comerciantes paraguayos de Ciudad del Este, afectados por el comercio eficiente de los empresarios libaneses en la Zona Franca en el rubro del vestuario", expresó de La Barra.